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25 febrero 2017 6 25 /02 /febrero /2017 21:11

Los comunistas aplican sus leyes según sus intereses y la actitud de los ciudadanos hacia el régimen

 

Tribunal cubano (foto: EFE)

Guantánamo/ 25-2-2017

Los comunistas cubanos se han desentendido del pensamiento martiano que nos indicó que las revoluciones tienen alas pero los gobiernos pies, expresión que proclamó lo necesario de la institucionalidad, algo muy alejado del castrismo, que entre sus características mantiene el voluntarismo de sus dirigentes y la anarquía institucional, signados por la fugacidad de sus normas y hasta por su aplicación.

Si la Biblia proclamó hace miles de años que en materia de justicia no debía hacerse acepción de personas, los comunistas aplican sus leyes según sus intereses y la actitud de los ciudadanos hacia el régimen. Ahora está en la picota la tan cacareada política de reinserción social de los sancionados.

A finales de la década de los noventa del pasado siglo, Fidel Castro proclamó varios proyectos sociales muy nobles pero insostenibles dadas las condiciones de la economía cubana. La frase “nadie será abandonado” era entonces una de sus favoritas, como también lo es ahora para su hermano. Quizás por eso la televisión cubana nunca toma imágenes de los mendigos que pululan por las calles del país ni de los barrios marginales.

Dentro de esos proyectos que engrosaron el populismo finisecular de Fidel Castro estaban la reforma del sistema penitenciario cubano y la atención a los sancionados al retornar a la sociedad. Fue creada la figura del juez de ejecución, un funcionario judicial que se pensó iba a acompañar activamente a los ex reclusos en el proceso de reinserción social y que lograría que estos obtuvieran empleos acordes con su calificación. A la larga este funcionario se convirtió en otro pelele de la policía. Pero la reforma del sistema penitenciario cubano permanece muy distante de lo alcanzado en los “salvajes países capitalistas de Europa y en EE.UU”, iniciadores de tales reformas hace más de ochenta años. Basta con leer las Reglas Mandela para comprobar el atraso que padece Cuba en materia de derecho penitenciario.

Después de afirmarse hasta el cansancio en programas de radio y televisión, en la prensa plana y en las reuniones de los vecinos que los ex reclusos debían ser recibidos en sus comunidades y ser depositarios de todas las oportunidades que la revolución les brinda, ahora mismo en Guantánamo se ejecutan acciones tendentes a revertir tales pronunciamientos.

A pesar de que el Ministerio de Justicia (MINJUS) lleva años afirmando públicamente que no es necesaria una certificación de antecedentes penales para obtener un empleo el documento sigue siendo exigido por numerosas entidades estatales y en estos momentos el Partido Comunista de Cuba (PCC) en el territorio ha ordenado la realización de análisis en centros de importancia económica para detectar quiénes son los ex reclusos que laboran en ellos y dar por terminada su relación laboral, aunque sus antecedentes hayan sido cancelados.

La medida ya se está aplicando en el matadero de Guantánamo, donde varios exreclusos fueron advertidos de que se les despediría por tener antecedentes penales. CubaNet tuvo acceso a uno de ellos, quien por razones obvias nos pidió que no mencionáramos su nombre y nos dijo: “¡Llevo más de ocho años trabajando allí sin ningún problema y ahora se aparecen con esto y hasta te dicen que no puedes reclamar porque es una medida orientada por el partido. Tengo esposa y dos hijos pequeños pero eso no les importa. Mi sanción fue de 4 años de privación de libertad en 1996 por un intento de salida ilegal del país no por un delito económico”, concluyó.

En el Combinado Lácteo de Guantánamo también han sido detectados varios trabajadores con antecedentes penales, según nos informó un custodio de dicha entidad quién igualmente nos pidió que preserváramos su nombre. Según esta fuente, análisis similares se harán en la gastronomía y el comercio.

El artículo 41 de la Constitución de la República de Cuba afirma que todos los ciudadanos gozan de iguales derechos y están sujetos a iguales deberes. Por su parte el artículo 42 establece que la discriminación por motivo de raza, color de la piel, sexo, origen nacional, creencias religiosas y cualquier otra lesiva a la dignidad humana —como la discriminación política que se practica en Cuba—  está proscripta y es sancionada por la ley y que las instituciones del estado educan a todos, desde la más temprana edad, en el principio de igualdad de los seres humanos. Ambos artículos son groseramente violados con este proceder e igual transgresión sufre el artículo 45 que establece que el trabajo es un derecho, un deber y un motivo de honor para cada ciudadano.

Escribo con conocimiento de causa. Sancionado a ocho años de privación de libertad en 1999, mi único sueño era volver a reunirme con mi familia y ejercer nuevamente como abogado en el Bufete Colectivo o impartiendo docencia, pero yo era y soy un cubano sin derechos, otro discriminado que tampoco tiene ninguna instancia donde reclamar. En ese ejército descreído seguramente entrarán muy pronto estos ex reclusos.

Fuente: Cubanet.org

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