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8 marzo 2017 3 08 /03 /marzo /2017 11:58

El castrismo intenta justificar una vez más su idea de ‘derechos humanos’

 

Sesión en el Consejo de Derechos Humanos (unmultimedia.org)

 

Guantánamo/ 8-3-2017 

Desde este lunes y hasta ayer 7 de marzo, el Gobierno cubano tenía que presentar y defender su informe ante el Comité contra la Desaparición Forzada, instancia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas fue redactada el 29 de junio del 2006, suscripta el 20 de diciembre de ese año en París y se hizo efectiva el 23 de diciembre del 2010. Ha sido firmada por 93 Estados Partes y ratificada por 43 y es uno de los instrumentos jurídicos más importantes en materia de derechos humanos, estrechamente relacionado con la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.

La desaparición forzada de personas está considerada por el derecho internacional como un delito de lesa humanidad y su persecución es imprescriptible. Según el artículo 1 de la mencionada Convención, ninguna circunstancia excepcional, como el estado o amenaza de guerra, la inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública puede ser invocada para justificar la desaparición forzada de una persona.

El artículo 2 de la citada Convención Internacional establece que se considera como desaparición forzada de una persona el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con su autorización, apoyo o aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley.

Ante la reunión del mencionado comité la prensa oficialista cubana comenzó a publicar desde la semana pasada algunas notas para alabar lo que, según ella, es una actuación impoluta del régimen en esta materia, aunque todavía los cubanos que no tenemos pleno acceso a Internet estamos esperando que el gobierno publique en su totalidad los instrumentos jurídicos internacionales que firma, ratifica y se compromete a cumplir, como esta Convención, algo que dudo mucho que haga cuando todavía se persigue y detiene a quien en la vía pública reparte la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Según una nota publicada sin firma este lunes 6 de marzo en el periódico Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, titulada “Cuba garantiza los derechos de sus ciudadanos. Nuestro país defenderá su informe sobre desaparición forzada”, el Gobierno cubano regula y garantiza los derechos del individuo desde 1959. Idénticas loas aparecieron ese día en Trabajadores, órgano oficial de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), en una nota titulada “Cuba: derechos que ejercemos”, firmada por Alina Martínez Triay, subdirectora editorial de la publicación.

Quien resida aquí y conozca la realidad cubana pudiera pensar al leer estas notas que vive en otro país. Para sostener mi opinión no voy a referirme a la represión impuesta por el castrismo desde 1959 hasta finales de los sesenta del pasado siglo, sino a la etapa actual.

Es cierto que en Cuba no ocurren hechos como la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en México, pero cotidianamente, si nos atenemos a lo regulado en la mencionada Convención, hay desapariciones forzadas.

Los cubanos que discrepan o sueñan otro proyecto de país diferente al que ha impuesto el castrismo carecen de vías para ejercer derechos universalmente reconocidos como el de asociación, reunión y manifestación y son discriminados políticamente desde 1959. ¿Qué dirán a esto los que firmaron el concepto de Revolución del fallecido líder, en lo que a igualdad plena se refiere?

En Cuba las calles son de los revolucionarios, afirman los mandantes, luego niegan que haya discriminación. Quien tenga el valor de salir a ellas a reclamar esos derechos universalmente reconocidos y violados sistemática, masiva y reiteradamente por el castrismo son golpeados, despojados de bienes personales y dinero, detenidos y trasladados a unidades policiales o centros de detención donde permanecen horas o días sin derecho asistencia jurídica, en franca violación de los establecido en dicha Convención, en la Constitución cubana y en la Ley de Procedimiento Penal.

Tales desapariciones forzadas son cometidas por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y de la Seguridad del Estado, vestidos de uniforme o de civil, con el apoyo de turbas organizadas por ellos. Todos actúan autorizados y apoyados por el gobierno. Esas desapariciones se ejercen contra las Damas de Blanco en todo el país y contra otros opositores pacíficos a quienes ni siquiera se les responde sus quejas ante la Fiscalía General de la República cuando ejercen ese derecho amparados en el artículo 63 de la Constitución.

Si alguno de estos cubanos decide establecer una demanda ante los tribunales estos dilatan la solución de su reclamo o le ponen obstáculos infranqueables para impedir el derecho a una tutela jurídica efectiva porque en Cuba todo pasa por el tamiz de la política y según es la posición del ciudadano así será tratado.

Desconozco si en este caso, como en tantos otros, la ONU, Europa y las llamadas democracias latinoamericanas continuarán con su silencio cómplice. De lo que sí estoy seguro es de que la prensa oficialista tiene un trabajo cada día más difícil, pues como dijo Abraham Lincoln: “Se puede engañar a todo el pueblo una parte del tiempo; se puede engañar a una parte del pueblo todo el tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo”.

Fuente: Cubanet.org

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