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29 mayo 2017 1 29 /05 /mayo /2017 12:11
En esta foto de archivo del 2014, un agricultor conduce su tractor a través de un campo de soja hacia los depósitos de cereales cerca de Ladora, Iowa. La agricultura estadounidense tiene un gran apetito por un comercio más libre con Cuba, y la soja es uno de los principales productos que Cuba compra a Estados Unidos. Charlie Neibergall AP

En esta foto de archivo del 2014, un agricultor conduce su tractor a través de un campo de soja hacia los depósitos de cereales cerca de Ladora, Iowa. La agricultura estadounidense tiene un gran apetito por un comercio más libre con Cuba, y la soja es uno de los principales productos que Cuba compra a Estados Unidos. Charlie Neibergall AP

Por: Nora Gámez Torres

Miami/ 29-5-2017

 

La batalla en el Congreso entre legisladores de estados agrícolas y los congresistas cubanoamericanos sobre la financiación de las exportaciones de alimentos a Cuba podría estar llegando a su fin gracias a una “solución elegante”: el legislador republicano por Arkansas Rick Crawford propone incluir en un nuevo proyecto de ley el cobro del 2 por ciento de las ventas para pagar a quienes tienen reclamaciones certificadas de propiedades confiscadas por el gobierno cubano.

“Sabemos que hay un número significativo de cubanoamericanos que fueron afectados porque les robaron sus propiedades durante la revolución. Hemos llegado a un plan en el que ellos serán compensados y eso es un componente esencial de la legislación”, comentó Crawford a el Nuevo Herald. “Cada transacción tendrá una tarifa especial de un dos por ciento que será colectada y se les administrará a través del Departamento del Tesoro a los que posean reclamaciones certificadas”, explicó.

Más de 6,000 reclamaciones certificadas de empresas y ciudadanos estadounidenses acumulan un valor de unos $8,000 millones pero miles de reclamaciones de cubanoamericanos no están certificadas.

El proyecto de ley, que aún no ha sido presentado, propone eliminar las restricciones que existen al financiamiento de las exportaciones de alimentos, productos lácteos y otros productos agrícolas a Cuba. Actualmente, es legal exportar estos productos pero solo pueden ser pagados al contado y no es posible ofrecer crédito a La Habana. El proyecto de ley, que solo autorizaría ofrecer crédito privado, contaría con el apoyo del Secretario de Agricultura Sonny Perdue, según expresó en una audiencia ante el Comité de Agricultura de la Cámara el 17 de mayo.

El representante dijo que había trabajado estrechamente con sus colegas cubanoamericanos en el Congreso y tratado de ser “respetuoso de sus sensibilidades. Estamos tratando...de hacer algo que sea significativo no sólo para los agricultores estadounidenses, sino también para los cubanoamericanos. Creemos que hemos llegado a una solución muy elegante para ambos problemas”.

 

“Que yo sepa, este método nunca se ha intentado. Nuestros amigos en Florida estarán interesados ​​en esto porque proporciona un cambio significativo en la política” hacia Cuba, agregó.

Sin embargo, y aunque el congresista Mario Díaz-Balart está en la mesa de negociaciones, por su parte todavía “no hay un acuerdo”, dijo una vocera de su oficina a el Nuevo Herald. Díaz-Balart no respondió a una petición de comentario sobre el tema.

El proyecto de ley podría ser un adelanto de las posiciones que adopte la Administración tras el proceso de revisión de la política hacia Cuba que debe concluir en las próximas semanas. Crawford dijo estar trabajando también en coordinación con la Casa Blanca y que el proyecto de ley verá la luz como parte del paquete de medidas que va a presentarse tras el fin de la revisión.

En julio del año pasado, Crawford había retirado una enmienda para eliminar las restricciones a la financiación de las exportaciones agrícolas a Cuba del anteproyecto de ley de gastos financieros y generales del gobierno. En vez de forzar un voto, obtuvo el compromiso de que la Comisión de Agricultura de la Cámara discutiría un proyecto de ley similar y que los congresistas cubanoamericanos de la Cámara, especialmente Díaz-Balart, se sentarían a negociar.

En enero, Crawford introdujo el Cuba Agricultural Exports Act, con 39 co-patrocinadores, pero el proyecto de ley no incluye la tarifa del dos por ciento, aunque sí prohibe inversiones en la agricultura si la compañía cubana está vinculada al gobierno, las fuerzas armadas o el Ministerio del Interior.

El sector agrícola ha acometido un fuerte cabildeo en el Congreso para eliminar las trabas al acceso al mercado cubano. La isla importa casi el 80 por ciento de los alimentos que consume y es vista como un mercado modesto pero deseable para los productores estadounidenses.

Sin embargo, la idea de que parte de lo que pague por alimentos iría a parar a manos de compañías y estadounidenses cuyas propiedades fueron confiscadas por el propio gobierno cubano, probablemente no sea del agrado de La Habana.

A partir del restablecimiento de las relaciones diplomáticas, la Administración de Barack Obama y el gobierno de Raúl Castro se sentaron a discutir sobre el espinoso tema de las reclamaciones aunque no avanzaron mucho.

Pero Crawford dijo que no estaba tratando de “escribir este proyecto de ley para satisfacer el régimen cubano”.

Expertos también han cuestionado que el gobierno de Cuba se sienta inclinado a aceptar el crédito estadounidense cuando recibe créditos “blandos” de países aliados como Vietnam, al que Cuba le compra arroz. Crawford cree que las compañías estadounidenses, sin embargo, ofrecen un producto de mejor calidad y más accesible.

Si el proyecto se convierte en ley, agregó, las compañías estadounidenses “tendrán que buscar por ellas mismas” los modos de ofrecer el crédito a Cuba.

“Esa es la belleza del libre mercado”, dijo Crawford. “Lo que estamos tratando de hacer es nivelar el campo de juego y permitir el acceso al mercado.

Representantes agrícolas y figuras políticas de los Estados agrícolas visitan el Centro de Azúcar de 30 de noviembre en Artemisa, Cuba, el martes 3 de marzo de 2015. Ramon Espinosa AP

Representantes agrícolas y figuras políticas de los Estados agrícolas visitan el Centro de Azúcar de 30 de noviembre en Artemisa, Cuba, el martes 3 de marzo de 2015. Ramon Espinosa AP

Fuente: El Nuevo Herald

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