Como principio general estoy en contra de las intervenciones militares. En nombre de la religión, la democracia y la libertad, entre otros fines altruistas, han muerto millones de personas. En el fondo, las intervenciones militares responden tradicionalmente a un conjunto de necesidades estratégicas de las potencias invasoras, que incluyen motivos políticos, económicos, territoriales y de otra índole.

La intervención militar en Libia es una de las primeras que se hace, en cierta forma, en nombre de los derechos humanos. Es importante recordar que en Rwanda, en 1994, la comunidad internacional observó de brazos cruzados una masacre que costó un millón de vidas. Tal omisión es estudiada y citada como un ejemplo latente de indiferencia e inacción inexcusable por parte de la comunidad internacional.

¿Cuál es la diferencia entre Rwanda (1994) y Libia (2011)? ¿Será el petróleo? ¿O será que la comunidad internacional ha reflexionado y ha llegado a la conclusión de que ya no puede mirar a un costado cuando un dictador declara que va a matar indiscriminadamente a sus civiles y comienza a hacerlo?

Hasta hace pocos años, la visión generalizada era que un gobierno podía violar los derechos humanos de sus nacionales, incluyendo exterminarlos, y que eso era un asunto interno del país respectivo. El respeto a la soberanía imponía no intervenir y ni siquiera opinar sobre el tema. Afortunadamente, esa perspectiva ha ido poco a poco cambiando. El genocidio cometido por los nazis contra los judíos tuvo un rol determinante en ese cambio de visión.

Los sucesos más recientes en Libia colocaron a la comunidad internacional en una nueva disyuntiva. ¿Podía el mundo civilizado observar impúdicamente como Gadafi asesinaba indiscriminadamente a civiles en su afán de aferrarse al poder?

Es difícil calificar una intervención militar como buena. Sin embargo, la intervención militar internacional en Libia parece estar justificada. A diferencia de la mayoría de las anteriores, se trata de una intervención de carácter multilateral, aprobada en el marco de la ONU, y con el fin aparente de impedir la continuación de una masacre indiscriminada de civiles.