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19 febrero 2013 2 19 /02 /febrero /2013 18:59

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Por Jaime Leygonier/Hablemos Press.

La Habana, 18 de febrero.- Dos personas que visitaron a
principios de febrero sus tumbas familiares las encontraron
saqueadas, con robo de los restos humanos; los hechos ocurrieron
en el Cementerio de Colón, principal necrópolis de La Habana
y de Cuba.
Según el artículo "Profanaciones", de José Alejandro Rodríguez,
periódico Juventud Rebelde, 14 de febrero, sección "Acuse de
recibo".
Un funcionario del Cementerio explicó a los denunciantes que  aunque habían detenido
"a cuatro sospechosos" no pudieron procesarlos ante los tribunales porque la legislación
cubana no pena la profanación.
(Es cierto que el delito de profanación no existe en el Código Penal cubano, pero
éste si contempla en su artículo 188 el delito de exhumación ilegal, así como
prevaricación, cohecho y otros aplicables a estos casos).
Raúl Quintana Suárez, acudió el 5 de febrero a exhumar los restos de su madre y
encontró "profanados  los restos de sus familiares, también abuelos, tíos y primos,
las urnas estaban todas rotas y yacían regados los restos. La urna con las cenizas
de su padre había desaparecido."
"…/el 9 de febrero, Celia Ferreiro Ouro, se dispuso a situar flores en el osario que
guarda los restos de su madre/…" (observó la tapa corrida y avisó a un custodio)  
"…/quien junto a Celia comprobó que el osario había sido violentado  y habían sido
sustraídos los restos de seis familiares/…"
Declaró que en tumbas y panteones vecinos también vio señales de alteración y
cajas rotas  con restos humanos tirados.
El artículo no emplea ni una sola vez la palabra "robo" que sustituye por "sustracción"
o "había desaparecido", no procura buscar las causas y mucho menos la responsabilidad
de la administración y de la policía.
Limitándose a exponer la opinión de Quintana, quien "…/manifestó que se han
detectado personas  que se dedican a registrar los osarios buscando objetos o
prendas de valor…/"  y la de la hija de Celia Ferreiro: "Odalys quedó muy complacida
del respeto y la atención que les depararon/…/espera  por la respuesta prometida,
aunque sabe que para acusar a alguien se necesitan pruebas. "Quizás mi caso no
tenga remedio y no sepamos jamás adonde fueron a parar los restos de nuestros
familiares."
La responsabilidad no existe, se diluye en el aire: Un funcionario dijo que  "…/
sospechosos de esas profanaciones/…/ no pudieron ser  procesados en los tribunales,
pues esos hechos no están tipificados  en el Código Penal/…"  - lo cual es mentira -
y "han detectado a personas" (?) "buscando prendas en los osarios."
La necrópolis  de Colón la construyó la Iglesia católica de 1871 a 1886; es la mayor
de América, monumento nacional y por sus lujos fue considerada como la segunda
en el mundo, tras la de Staglienno, de Génova; Fidel Castro lo confiscó a la Iglesia en
los años 60 del siglo XX, desde entonces es propiedad del Estado, y acusa gran
destrucción desde los años 90.
Los actuales robos de restos coinciden con reparaciones en el Cementerio que
parecía comenzar a recuperarse del desorden y saqueos que sufrió en los años 90
del pasado siglo y sobre los cuales informamos entonces los periodistas independientes.
Entonces ocurrieron profanaciones masivas de tumbas familiares y de panteones
de asociaciones y logias  para robar prendas de valor, objetos de arte y de bronce;
robaron (y roban) las argollas de las lozas y hasta ladrillos de panteones y lozas de
tumbas, jardineras, para emplearlos en la construcción de viviendas o venderlos a
otros propietarios de tumbas.
Y robaron  restos humanos para su empleo en la "religión de Palo Monte", originaria
del Congo. - Según cuyas creencias convierten al espíritu de esos restos en
sirviente para operaciones mágicas.
Los ladrones se sienten impunes por la indiferencia de las autoridades y la indefensión
legal de la ciudadanía; y, para que esa indiferencia continúe, jamás profanaron tumbas
de políticos del Régimen o el panteón de las Fuerzas Armadas, lo cual sí habría
investigado la Policía.
Muchas personas dejaron de ofrecer flores sobre las tumbas porque saben que al
volver la espalda se las robarán para volverlas a vender afuera.
Los perpetradores nunca o rara vez fueron esas imprecisas "personas sospechosas"
que "habían detectado buscando" y a los que supuestamente dejan tranquilas porque
  el Código Penal "no prescribe el delito de profanación'.
Según la voz pública -y la de la razón- fueron y son empleados del cementerio,
sepultureros, muchos de ellos ex-presidiarios o en libertad condicional obligados a
trabajar allí y con problemas con el alcohol, en combinación con los custodios de
las puertas; están organizados, es peligroso denunciarlos y las ganancias se reparten.
En los 90, como medida para evitar el traslado de lo robado, prohibieron entrar con
vehículos al cementerio, solamente entran los carros de cortejos fúnebres, y así los
únicos vehículos que circulan y por tanto pueden trasladar objetos robados son los
camiones de los empleados.
Hoy, las prendas de valor en los osarios continúan siendo el posible objetivo, aunque
ya fueron saqueadas desde hace años. En los 90 se generalizó la venta de restos
humanos para las prácticas de hechicería de "Palo Monte"; ese puede ser el objetivo
actual.
La crisis económica y general de Cuba y el auge de esas religiones permite esperar
que ese macabro comercio aumente y la ola de robos y profanaciones supere a la
ocurrida en los años 90.
Es grande la venta de cráneos, tibias y otros restos para la "nganga"- "fundamento"
o "prenda" de "Palo Monte". Quien controla el lucrativo negocio en cada cementerio
y reparte ganancias con todos es un empleado que a veces "es entendido", es decir,
"palero" y vende Los cráneos, por encargo, entre $200 y $300 pesos ( no es caro).
Pero es un negocio discreto en el cual cotidianamente, pero sin llamar la atención,
profanan tumbas viejas o no visitadas.
La destrucción de cajas y desorden visible de restos pone en peligro ese negocio;
pudieran significar acciones de elementos nuevos, al margen de la organización
delictiva del cementerio, tal vez los albañiles que reparan.
La desaparición de restos completos y cenizas no tiene sentido para esa religión,
puede apuntar a otro negocio, pero de delincuentes de cuello blanco: vaciar una
tumba o panteón familiar para venderlo ilegalmente.
Ha ocurrido a un propietario encontrar que su panteón familiar fue vaciado de los
restos de sus familiares, contiene extraños y al reclamar aparece el nuevo propietario exhibiendo un título de propiedad reciente.
Es típico de la corrupción imperante en Cuba el que jamás atrapan a nadie porque
todos, y los jefes, o son cómplices o culpables de otras ilegalidades que serian
descubiertas si no se callaran sobre los demás.
Una víctima, "Odalys", se resigna al robo de los restos de sus seres queridos porque
"sabe que no puede acusar sin pruebas".
Sobran pruebas que responsabilizan a la administración del Cementerio, a la Policía y
al Gobierno de Cuba, quienes no se ocupan de cumplir sus deberes de guardar el orden.
Esas pruebas de delito de prevaricación, prescripto en la Ley No.62
del Código Penal vigente (que jamás es aplicado porque incurren en él masivamente
los jefes al incumplir sus deberes) son: Presunción de delito de  prevaricación  
Cohecho Atentar contra la propiedad personal, enriquecimiento indebido destinado
a Compraventa ilegal de bóvedas y panteones, profanación de sepulturas,
negociaciones fraudulentas de restos humanos.
Capitulo III: ejercicios fraudulentos de funciones publicas  
13) Incumplimiento de las obligaciones derivadas de la comisión de
contrarrevoluciones  
5) Contra la Salud Publica  
5.2) Extracciones Ilegales  
12) Incumplimiento de las normas de Seguridad y Protección  
6) Delito contra el patrimonio cultural  
Que la policía no acudió a investigar los robos, única forma de obtener pruebas para
acusar y apresar a los malhechores.
Que el respetuoso funcionario Luis Orlando González mintió al decir a los denunciantes
que robar tumbas no era delito, explicación  para llenar un papel con la denuncia sin
llamar a la policía como procedía, ni preservar el lugar para su investigación.
Y la principal prueba es el hecho en sí: Los restos estaban allí, bajo custodia de la administración del cementerio y fueron robados.
No tienen los familiares que hacer guardia sobre las tumbas, ni conseguir pruebas
de esos robos, ello es deber de las autoridades del Cementerio y de la Policía, y,
puesto que estos incumplen, es culpa del Gobierno que no guarda el orden allí ni
como gobierno ni como propietario del  Cementerio.
Otra prueba acusadora es lo mencionado sobre la "nganga" de "Palo Monte".
El auge y comercialización de las religiones de origen africano (hasta con extranjeros,
en singular turismo) crea para "Palo Monte" una demanda de restos humanos, que
únicamente se satisface mediante las profanaciones.
Y la Policía y el Gobierno conocen perfectamente -y no actúan- que casi todos los "paleros" tienen restos humanos en sus "cazuelas", en sus viviendas, y que por tanto han incurrido e incurren en delitos de exhumación ilegal y traslado de restos humanos.
Corresponde a la Policía hacer cumplir el artículo 188 del Código Penal cubano, y
al Gobierno exigírselo y exigirle a las asociaciones de religiones africanas, que el propio
Gobierno creó para sus fines políticos y turísticos, que no incurran en ese delito.
Corresponde al Gobierno solucionar inmediatamente, pues le bastan sus leyes, esta contradicción entre una religión que necesita profanar tumbas para existir y las demás
religiones y personas irreligiosas que necesitan paz para las tumbas de sus seres queridos
y conservación higiénica de los restos humanos.
E impedir a la administración del Cementerio desentenderse de los delitos, y cometerlos.
Y a la ciudadanía -tan desprotegida legalmente que la víctima del robo de sus muertos
se siente "muy complacida" porque le mintieron con "respeto"- y a los cubanos en el
extranjero que dejaron a sus difuntos enterrados en Cuba; y a las Iglesias que  predican
obra de misericordia enterrar a los muertos -siempre tan silenciosas ante los abusos
en Cuba- les corresponde alzar sus voces por los que callan desde la muerte.
Dirijan sus mensajes a las autoridades en Cuba y a los consulados y embajadas
cubanas exigiendo legalidad y orden para los vivos y paz para sus sepulcros.

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