La Habana/ 8-8-2017

La historia parece repetirse. En 1996, después que la economía diera algunos signos de recuperación tras la debacle del período especial, y temeroso de que los cambios económicos forzaran cambios políticos en la sociedad, el castrismo dio marcha atrás a las reformas pro mercado que había implementado.

Y en semejante retroceso, uno de los blancos de los dardos gubernamentales fue el trabajo por cuenta propia. Debido a las presiones y trabas que impusieron las autoridades se cerraron infinidad de negocios particulares, y se redujo el número de cuentapropistas.

Ahora, tras siete años de haberse ampliado el marco del trabajo por cuenta propia en el contexto de la actualización del modelo económico, acabamos de presenciar una arremetida contra esa forma de empleo no estatal.

En síntesis, las medidas anunciadas por el Consejo de Ministros se centran en los siguientes objetivos: afianzar el control gubernamental sobre los cuentapropistas, eliminar la comercialización privada de los productos agropecuarios, impedir la prosperidad de ciertos propietarios —el oficialismo le llama concentración de la riqueza—, y tratar de disminuir el éxodo de trabajadores estatales hacia determinados empleos privados.

El afianzamiento del control gubernamental se manifiesta en la obligatoriedad que tendrán los arrendadores de viviendas, los constructores —albañiles, plomeros etc.— , los dueños de restaurantes y bares, y los taxistas habaneros, de abrir una cuenta bancaria para reflejar sus ingresos y gastos del negocio. Una cuenta de la que estará informada preferentemente la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT).

De igual forma, los taxistas casi perderán su autonomía al ser ubicados en piqueras, con itinerarios definidos por las autoridades, y con el probable tope de las tarifas que apliquen.

La tendencia hacia la eliminación de la comercialización privada de los productos del agro se aprecia con el cese definitivo de la entrega de nuevas autorizaciones para ejercer como carretillero, y vendedores mayoristas y minoristas de productos del agro. ¡Pobres consumidores! Dentro de poco dependerán únicamente de la Empresa Estatal de Acopio  para que abastezca sus placitas.

Todo indica que los elementos de línea dura de la nomenclatura raulista decidieron no perder tiempo en la tarea de “controlar” la concentración de la riqueza. La decisión de separar la actividad  de restaurante (paladar), y la de servicio de bar y recreación,  obedece al interés gubernamental de obstaculizar el florecimiento de  restaurantes que, exitosamente, habían incorporado servicios de discoteca para beneplácito de sus clientes.

Otra manera de impedir la ampliación de los negocios privados es el mantenimiento de un impuesto progresivo por la utilización de la fuerza de trabajo. Por ejemplo, mientras que por los primeros cinco trabajadores contratados, los propietarios pagarán un impuesto correspondiente al 5% del salario medio mensual de su provincia, a partir de 21 trabajadores contratados el impuesto a pagar será el 5% de la suma de seis salarios medios.

El Consejo de Ministros decidió no entregar por el momento nuevas autorizaciones para un total de 28 actividades, entre las que se incluyen las referidas al sector de la construcción y la de repasador. Evidentemente, las autoridades no desean que más albañiles, plomeros y carpinteros encofradores abandonen las empresas estatales y se conviertan en cuentapropistas. Y otro tanto sucedería con algunos maestros que dejan las aulas para dedicarse a repasarles a los alumnos bajo el estatus de trabajadores por cuenta propia.

Al analizar las nuevas medidas adoptadas por el General-Presidente, y compararlas con las acciones de su hermano mayor  hace dos décadas, es fácil advertir que en Cuba, contrario al parecer de algunos ilusos que creen  presenciar una nueva era con Raúl Castro al frente,  ha habido mucha más continuidad que ruptura.

Fuente: Cubanet.org