Por: Antonio Maria Delgado

Miami/ 29-5-2018

Soldados y paramilitares vinculados al chavismo asesinaron al menos 131 venezolanos en las protestas del 2014 y el 2017, y cerca de 8,300 ejecuciones extrajudiciales han sido documentadas en el país petrolero, develó un informe de la OEA al concluir que hay suficientes pruebas para investigar al régimen de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad.

El informe --que también devela más de 12,000 detenciones arbitrarias, expone el uso recurrente de la tortura e identifica más de 1,300 presos políticos-- recomienda al Secretario General de la Organización de Estados Américanos, Luis Almagro, activar los mecanismos de los Estatutos de Roma para solicitarle a la Corte Penal Internacional la apertura de una investigación sobre los asesinatos y arrestos arbitrarios presuntamente cometidos por el régimen de Maduro.

“El Informe identifica a 131 víctimas de asesinatos que tuvieron lugar durante las protestas de 2014 y 2017, perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y/o los colectivos [organizaciones paramilitares del régimen]”, señala una reseña del documento.

“Las tácticas utilizadas demuestran claramente un patrón con la intención de matar, evidenciado por el punto en que se propinó el golpe mortal (órganos vitales, en particular, disparos a la cabeza y el cuello); el uso de municiones, tanto modificadas como vivas, y la corta distancia a la que se perpetraron esos actos”, resaltó el informe preparado por un panel independiente de expertos internacionales.

Adicionalmente, el informe resalta que se han registrado más de 8,292 ejecuciones extrajudiciales desde el 2015, que en muchos casos son resultado de allanamientos ilegales y violentos de viviendas realizados por los diferentes cuerpos de seguridad.

En esas operaciones los funcionarios del régimen fingen falsos enfrentamientos para así “racionalizar las ejecuciones sumarias de las víctimas” que, por lo general, son hombres jóvenes.

“Esta cifra alarmante demuestra aún mas el carácter sistemático y generalizado del crimen de asesinato”, resaltó el informe.

Parte del material utilizado en la elaboración del informe fue proporcionado por la fiscal de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, y corresponde al período de 2015 a junio de 2017.

El documento también fue elaborado en base a los testimonios de 26 testigos que prestaron declaración en cinco audiencias públicas, docenas de testimonios de víctimas, familiares de víctimas y otras partes interesadas entregadas a la Secretaría General y documentos escritos entregados por más de 40 organizaciones no gubernamentales venezolanas e internacionales.

Por otro lado, el panel de expertos denunció el frecuente uso de métodos de tortura contra los detenidos del régimen.

“Los atropellos van desde el empleo de tortura blanca [que normalmente no deja marcas en el cuerpo] y otras formas de tortura psicológica, hasta brutales golpizas que a menudo provocan daños físicos graves que por lo general no reciben atención médica", indicó el informe.

Los detenidos del régimen en ocasiones también son sometidos a tortura sexual, o son obligados a mantener posiciones estresantes.

Otras prácticas de tortura registradas incluyen descargas eléctricas (incluso en los genitales), quemaduras, el empleo de gas lacrimógeno, el suministro de comida podrida o comida mezclada con fragmentos de vidrio o de excrementos, y en algunos casos, mantener a los detenidos sin comida ni agua.

Por lo general, la tortura ocurre durante períodos prolongados y se repite a lo largo del tiempo, señala el documento.

“Entre las víctimas se cuentan personas de todas las edades, incluso menores, sin que se tengan en cuenta las enfermedades mentales o físicas preexistentes”, señaló el informe.

“Se observa el empleo sistemático de los mismos instrumentos y técnicas en las instalaciones de todo el país, lo que demuestra una política de atropellos; parecería que las fuerzas de seguridad siguen el mismo manual o guía en lo que refiere al trato de los reclusos”, puntualizó.

El régimen de Maduro lleva años siendo acusado de violar los derechos humanos de la población venezolana en momentos en que intenta mantenerse en el poder en medio del creciente descontento de la población.

“El régimen reprime los derechos humanos de su pueblo y les impide tener una voz en su gobierno”, manifestó en abril el Secretario de Estado norteamericano en funciones, John Sullivan, en el informe anual sobre la materia.

Pocas semanas antes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había denunciado un "alarmante debilitamiento" de los derechos humanos y la democracia en Venezuela, fenómeno que se ha intensificado en los últimos dos años.

Fuente: El Nuevo Herald