Cubano sujeta periódico oficial del partido comunista en la isla_foto tomada de internet

La Habana/ 2-4-2014

Supe a raíz del 9no. Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), que alrededor de 4 mil periodistas oficiales “sirven a nuestra sociedad” en más de 50 medios impresos, páginas digitales, radioemisoras y telecentros a lo largo y ancho de la Isla. Con esta suerte de plantilla, en un país de 12 millones 800 mil habitantes, tocaría a un periodista por cada 3 mil 200 ciudadanos.

Sin embargo, se ha hecho frecuente que ciudadanos como Eduardo Ramos Suárez, después de agotar todas las vías legales posibles, incluso ventilar ante la prensa oficial su infortunio, tengan que acudir a la “gente de los derechos humanos”, apelativo con el que se generaliza a disidentes y periodistas independientes dentro de Cuba.

El 19 de enero de este año, Ramos Suárez tuvo la suerte de tropezar con Miguel Ángel Rivalta, periodista oficial del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, nueve días después de habérsele decomisado su camión Mack-56 con productos agrícolas que no eran de él. Gracias a la intervención de Rivalta, Ramos pudo sacar el vehículo del depósito, sin juicio ni multa.

Aparentemente, el asunto quedó resuelto, sin necesidad de que el periodista oficial contara la historia en televisión. Sin embargo, a día de hoy Ramos Suárez paga 600 pesos mensuales (35 dólares) de licencia y se le prohíbe transportar productos agrícolas hacia el mercado concentrador El Trigal, al sur de La Habana, lugar donde le fue incautado el camión.

Historias como estas pueden ser contadas por la prensa oficial, aunque como reza un viejo refrán popular, “llega pero no te pases”.

Desde los inicios de cubanet.org en 1994 y otras páginas que le sucedieron, las notas publicadas por la prensa alternativa han evitado desalojos en viviendas, cierres de fábricas; han conseguido la destitución de viejos oficiales por violación a menores; citado problemas ambientales, publicado accidentes, brotes de epidemias, arrestos masivos.

En 2006, una cortina de árboles (Teca) en Santa María del Rosario, en el municipio habanero Cotorro, dejó de ser talada por una empresa canadiense autorizada por el gobierno. La madera se exportaba para construcciones navales. Vecinos aseguraron que aves como el Tocororo y el Carpintero se extinguieron de la zona. También en 2006, una procesadora de asfalto que pertenecía a la Empresa de Construcciones Militares (EPMC), fue cerrada porque afectaba a un pequeño barrio capitalino al sur de La Habana.

En 2011, el combatiente de la Revolución Aladino del Toro Salinas, de 75 años de edad y primo del General de División Ulises Rosales del Toro, fue a prisión por abuso sexual a una niña de su vecindad y a sus tres nietas. Su nuera, Marlloris Pantoja Escalona, madre de las niñas, había agotado todos los recursos legales y después de un año sin recibir respuesta, acudió a la “gente de los derechos humanos”.

En septiembre de 2012, al periodista independiente Calixto Ramón Martínez Arias le costó siete meses de cárcel el haber denunciado el primer brote de cólera que se conozca en Cuba, en la oriental provincia de Granma. Días después, la prensa oficial daba cuenta de la enfermedad y se tomaban medidas a nivel nacional. Como era de esperar, a Calixto se le castigó por un supuesto “desacato” a la autoridad.

En abril de 2013, los obreros de La Vaquita, una tenería al sur de La Habana, retornaron a sus puestos luego que la página cubanet.org publicara un trabajo donde el Ministro de Planificación y Finanzas, Adel Izquierdo, la cerraba por contaminación en las aguas después de 53 años de explotación continua.

Paralelo a este pequeño pase de notas publicadas por la prensa independiente, la prensa oficial ha movido a su gente hacia programas y columnas “abiertas” a las denuncias ciudadanas: Acuse de recibo (Juventud rebelde), Cartas a la dirección (Granma), Cuba dice (Noticiero de Televisión) y otros. Si bien muchas han surtido efectos, la mayoría no suelen destacar el epicentro de los problemas. Como dice Fonseca, un dedicado profesor de matemáticas, “no pasan de castigar a administraciones y funcionarios locales”.

Lejos de diluirse en la sociedad e importunar al funcionario público en busca de imparcialidad, la prensa oficial consigue nivelar el terreno para que el gobierno siembre medidas disciplinarias y recoja el premio gordo.

Eduardo Ramón Suárez espera recuperar su empleo de transportista en el mercado concentrador El Trigal, perdido por el decomiso de una mercancía que no era suya. Su historia tocó todas las puertas posible y ahora apuesta por la “gente de los derechos humanos”. Ojala sea otro caso cerrado.

Fuente: Cubanet.org