La Habana/ 4-4-2014

Transcurridos 53 años, 5 meses y 17 días de la publicación de la Ley 890, que establecía la expropiación de numerosas empresas de capital nacional y extranjero –principalmente norteamericano–, el régimen acaba de introducir la nueva Ley de la Inversión Extranjera que entrará en vigor dentro de 90 días.

La nueva ordenanza sustituye la norma vigente desde 1995, cuando la más aguda y prolongada crisis económica sufrida por el país forzó al gobierno a acudir a la inversión de capitales extranjeros en Cuba, a despecho de los más puros principios de la doctrina comunista en la que se habían (de)formado varias generaciones de cubanos a instancias de ese mismo gobierno. Para entonces, algunos empresarios foráneos se sintieron tentados a asegurarse un espacio en un mercado virgen, mientras otros descubrieron un verdadero paraíso fiscal en el infierno socialista caribeño.

Aquellas avanzadillas capitalistas dieron al régimen el oxígeno necesario para superar la inminente asfixia, e hicieron posible también que Castro I retrocediera en la “apertura” que había permitido el retorno de la pequeña propiedad privada en la figura de algunos negocios familiares –como las cafeterías, restaurantes y alquileres de habitaciones, entre otros– y que se habían expandido rápidamente por toda la Isla desde inicios de los 90’.

La Asamblea Nacional de Cuba vota al unísono como un coro de muñecos de cuerda

Ahora el capital extranjero ha dejado de ser un mal que debía superarse en el socialismo y se ha convertido en “un bien necesario” llamado a impulsar el siempre prometido y jamás alcanzado “desarrollo económico del país” (Juventud Rebelde, domingo 30 de marzo de 2014). He aquí que, entre las sorpresas que nos depara la actualización del modelo económico raulista, Poderoso caballeroDon Dinero está destinado a facilitar “la consolidación del socialismo cubano”, que esta vez –¡ahora sí! – será “próspero y sustentable”, gracias al otrora demonizado capital. Aquel otro anciano barbudo, Karl Marx, debe estar convulsionando en su sepulcro.

Retrospectiva: la negación del capital

En 1960, el Artículo 1 de la Ley 890 declaraba: Se dispone la nacionalización mediante la expropiación forzosa de todas las empresas industriales y comerciales, así como las fábricas, almacenes, depósitos y demás bienes y derechos integrantes de las mismas.

El mega puerto de El Mariel

En virtud de esto, el Estado se apropió de 105 ingenios azucareros, 18 destilerías, 6 fábricas de bebidas alcohólicas, 6 fábricas de jabones y perfumes, 5 fábricas de derivados lácteos, 2 fábricas de chocolate, una molinera de harina, 7 fábricas de envases, 4 fábricas de pinturas, 3 productoras de químicos, 6 de metalurgia básica, 7 papelerías, una fábrica de lámparas, 60 industrias de textiles y confecciones, 16 molinos de arroz, 7 fábricas de productos alimenticios, 2 de aceites vegetales, 47 almacenes de víveres, 11 tostaderos de café, 3 droguerías, 13 tiendas por departamento, 8 empresas de ferrocarriles, una imprenta, 11 circuitos cinematográficos y cines, 19 empresas relacionadas con la construcción, una compañía de electricidad y 13 empresas marítimas.

En los meses subsiguientes continuaron las expropiaciones, dado que el gobierno revolucionario había decidido “adoptar fórmulas que liquiden definitivamente el poder económico de los intereses privilegiados que conspiran contra el pueblo, procediendo a la nacionalización de las grandes empresas industriales y comerciales que no se han adaptado ni se podrán adaptar jamás a la realidad revolucionaria de nuestra Patria”.

Otra imagen del mega puerto de El Mariel

Telaraña para atrapar incautos

En la actualidad nadie parece recordar la mencionada Ley 890. Tampoco se alude al fiasco de los empresarios que se animaron a negociar con los Castro en los 90’ y sufrieron grandes pérdidas materiales y financieras en la aventura. Pocos obtuvieron las ganancias esperadas y menos aún conservaron sus negocios en la Isla. No se conoce que se hayan producido indemnizaciones, aunque sí han trascendido informalmente en la opinión pública los daños que las acciones irresponsables tanto de los inversores extranjeros como de las autoridades cubanas produjeron en el medio ambiente. El gobierno no ha reconocido públicamente su responsabilidad ni sus errores, y por otra parte, los cubanos no obtuvimos beneficio alguno de aquellas entradas de capital. Nada garantiza que los tendremos con la nueva legislación, las muy socorridas “garantías jurídicas” no son para nosotros.

Los cuentapropistas cubanos luchan por sobrevivir entre la legalidad y el mercado negro

También se enunciaron los derechos y beneficios de los trabajadores cubanos: “no habrá libre contratación de la fuerza de trabajo, por lo que se mantendrá la figura de la entidad empleadora, el salario se condicionará al trabajo aportado, eficiencia y valor agregado que la empresa genere”. “El pago de la fuerza de trabajo será negociado  entre la entidad empleadora y la empresa con capital extranjero”. Así, el Estado-Gobierno, como “entidad empleadora”, continuará siendo el amo y los empleados cubanos los esclavos de alquiler, detalle que debería servir de alerta a los potenciales empresarios, habida cuenta que la insuficiencia salarial crónica es el mejor acicate para el robo y otras formas de corrupción, tan extendidas entre nosotros como métodos ilegales, pero legítimos, de supervivencia.

La nueva Ley de Inversión Extranjera no ha sido publicada aún ni circuló como tabloide los días previos en forma de Anteproyecto, de manera que se desconocen los términos exactos de su texto, las consideraciones para las partes, etc. No obstante, es de esperarse que sufra algunas modificaciones para adecuarse a las exigencias de los inversores interesados en negociar en Cuba. La cúpula tendrá que ceder o fenecer, pero procurará asegurarse pingües beneficios. Solo resta esperar a ver cuántos empresarios incautos caerán esta vez en las turbias redes legales de Castrolandia. Perdonen si no les deseo éxitos.

* Gaceta Oficial de la República de Cuba  (Edición Extraordinaria, La Habana, Jueves 13 de Octubre de 1960, Año LVIII, Tomo Quincenal, Número XIX).

Fuente: Cubanet.org