LA HABANA, 18 Jun. Reuters


El disidente político cubano Ángel Enrique Fernández, de 45 años, ha decidido poner fin a la huelga de hambre que ha mantenido desde finales de abril para solicitar la liberación del contratista estadounidense Alan Gross, condenado a 15 años de cárcel en Cuba por crímenes contra el Estado.

Fernández ha afirmado que ha tomado esta decisión porque funcionarios cubanos le han asegurado que Gross será liberado en un plazo de dos meses. Esta liberación serviría para reducir las tensiones entre ambos países, pero hasta el momento el Gobierno cubano no se ha pronunciado al respecto.

Fernández y Vladimir Alejo Miranda, de 48 años, se cosieron la boca casi totalmente a finales de abril y dejaron de comer para pedir la liberación de Gross. En sus declaraciones, denunciaron que había sido injustamente encarcelado. Además, pidieron avances en los Derechos Humanos en la isla caribeña. Miranda abandonó la huelga de hambre a mediados de mayo alegando que su familia le había convencido para ello.

Fernández mantuvo su huelga de hambre hasta que, según sus declaraciones, fue visitado para ser informado de la próxima liberación de Gross. "Me repitieron varias veces que la liberación de Gross no sería por mi presión, sino por razones humanitarias", ha declarado Fernández a la agencia Reuters.

Gross, de 62 años, fue encarcelado el 3 de diciembre de 2009 tras ser arrestado por distribuir equipamiento para navegar por Internet bajo un programa encubierto que promovía el cambio político en Cuba desde Estados Unidos.

En concreto, Cuba asegura que Gross distribuyó ilegalmente equipos de comunicación por satélite como subcontratista de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (Usaid) que financia, entre otras cosas, programas destinados a promover la democracia en Cuba.

El Gobierno estadounidense aseguró que la labor de Gross era facilitar acceso a Internet a comunidades judías en la isla, pero que no cometió ningún crimen.

Gross estuvo arrestado 14 meses sin que se conocieran los cargos en su contra. A comienzos de febrero la Fiscalía presentó su solicitud de 20 años de prisión por delitos contra el Estado y no fue sino hasta el mes de marzo que se asignó una fecha para el juicio.