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13 junio 2012 3 13 /06 /junio /2012 11:30
12-06-2012 
Por Carlos Alberto Montaner

Carlos Alberto Montaner nació en Cuba, es escritor y periodista. Su último libro

es la novelaLa mujer del coronel (Alfaguara, 2011)


 

Hay que explicar esta vergüenza. Uno de los principales objetivos de los países

del ALBA es dejar a los latinoamericanos sin protección internacional para poder machacarlos impunemente. Acabamos de ver ese penoso espectáculo en la 42

reunión de la OEA celebrada en Cochabamba.

 

En efecto: Rafael Correa, Hugo Chávez -representado por su canciller--,

 Evo MoralesDaniel Ortega, desean confiscar medios de comunicación,

encarcelar opositores pacíficos, acosar periodistas, perseguir jueces y

parlamentarios, robarse elecciones o apoderarse de bienes ajenos, sin que

las víctimas tengan la posibilidad de acudir a la Corte Interamericana de

Derechos Humanos de la OEA. (Ni siquiera menciono a Raúl Castro porque

el gobierno cubano fue expulsado de ese organismo hace medio siglo).

 

Mientras en el mundo civilizado las naciones van forjando un derecho internacional

que ampara a los individuos frente a las arbitrariedades y los atropellos de los

Estados, el llamado Socialismo del Siglo XXI marcha a contramano, ignorando

que, en el pasado, esa institución les sirvió a las víctimas de las dictaduras

militares de derecha para encontrar, al menos, cierta solidaridad moral.

 

En 1969, la mayor parte de los países pertenecientes a la OEA firmaron en Costa

Rica un documento conocido como la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Ese acuerdo definía y establecía los Derechos que debían protegerse, y creaba dos instituciones autónomas para ese fin: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, cuya función era promover el

respeto al espíritu del tratado y denunciar públicamente las violaciones, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, situada en San José, dedicada a

juzgar los pleitos que conseguían llegar a ese tribunal. De acuerdo con la

Convención, las naciones signatarias se obligaban a acatar de inmediato las

sentencias de la Corte.

 

De los 34 países que integran la OEA, 25 de ellos, voluntariamente, suscribieron

la Convención.  Nueve se abstuvieron de hacerlo --entre ellos Estados Unidos y Canadá-, mientras uno, Trinidad y Tobago, tras firmar, tiempo después decidió

renunciar a formar parte del grupo, pero aceptando las reglas y los plazos que

exige el pacto para tramitar la desafiliación. Todos los países iberoamericanos, menos Cuba, son signatarios, incluidos los miembros del ALBA que ahora

pretenden denunciarlo.

 

Naturalmente, los gobiernos del ALBA, como en su momento hizo Trinidad y

Tobago, pueden legalmente abandonar la Convención, pero eso no los libera

de los pleitos o las denuncias interpuestos mientras formaban parte del tratado.

Lo que quiere decir que abusos como el cierre de Radio Caracas Televisión,

el acoso judicial al periodista ecuatoriano Emilio Palacio y al diario El Universo de Guayaquil, o el robo de las elecciones municipales en Nicaragua 

en 2008 no caducan por el simple hecho de que esos gobiernos denuncien

ahora los acuerdos.

 

De ahí la intención de Correa, Chávez, Morales y Ortega de tratar de destruir

esas instituciones de derecho, quizás las que mejor funcionan dentro de la OEA,

para no hacerles frente a las obligaciones internacionales contraídas por

sus países.

 

Siempre es útil recordar que lo primero que legitima a un gobierno ante los ojos

de los ciudadanos, no son las elecciones, sino la justicia y el imperio de la ley. En

la Edad Media, la legitimidad de los reyes dependía de la "jurisdicción", o sea,

del ámbito en que "decían la ley" y de la manera como administraban la justicia.

Los reyes castellanos podían no tener sede, pero llevaban los códigos legales

en las carretas. Eso los legitimaba. Por eso y para eso reinaban.

 

Sería una lástima si estos gobernantes autoritarios lograran sus propósitos. Si

de algo carecen los latinoamericanos, en general, es de justicia. Son contados

los países en los que los individuos pueden tener un juicio justo. En muchas

naciones, los jueces tienen precio y los poderosos ganan siempre. Los

presidentes dictan las sentencias. La ley no existe. En ese sentido, la

Corte Interamericana, con todas sus imperfecciones, era siempre una

esperanza. Sería una vergüenza que desapareciera.

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  • : Esta Página, "Voz Desde el Destierro", pretende que sea una tribuna en la Red de redes, para aquellos que no tienen voz dentro de la isla de Cuba, para romper el muro de la censura, la triste y agobiante realidad del pueblo cubano. Editor y redactor: Juan Carlos Herrera Acosta. Ex-preso Político de la causa de los 75.
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